Comunicado
Ante recientes iniciativas parlamentarias orientadas a prohibir el uso del nicab y a limitar los menús escolares halal en España, desde la Comisión Islámica de España manifestamos lo siguiente:
El uso del burka es inexistente en nuestro país y el del nicab es estadísticamente ínfimo. No constituye un problema estructural de convivencia ni de seguridad pública que justifique una restricción general de derechos.
El debate no ha de centrarse en la naturaleza teológica de una práctica minoritaria, sino en si es razonable prohibir una expresión individual que no genera perjuicio objetivo al orden público ni a terceros, máxime en una sociedad con prendas comunes como bufandas o pasamontañas y el uso extendido de la mascarilla.
La defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres no debe traducirse en medidas que puedan derivar en estigmatización o exclusión. La Comisión Islámica de España se opone a cualquier forma de coacción, ya sea para imponer o para prohibir una determinada forma de vestir. La libertad exige coherencia y respeto a la elección individual.
En relación con los menús escolares halal, la Ley 26/1992 reconoce el derecho de los alumnos musulmanes a recibir alimentación acorde a sus convicciones religiosas cuando así lo soliciten, como así implementa el Real Decreto 315/2025. La existencia de opciones alimentarias adaptadas no constituye privilegio alguno, sino una manifestación razonable del pluralismo democrático. Estas alternativas no imponen prácticas a terceros ni alteran el funcionamiento general del servicio público.
Cabe señalar que la libertad religiosa, reconocida en el artículo 16 de la Constitución Española, protege tanto la convicción interna como su manifestación externa. Asimismo, el artículo 9.2 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que los derechos fundamentales sean reales y efectivos. La neutralidad del Estado aconfesional implica respeto y cooperación, no restricción preventiva de derechos.
Desde la Comisión Islámica de España reafirmamos nuestro compromiso con el marco constitucional de convivencia, la igualdad ante la ley y la cooperación institucional, y reitera su disposición al diálogo constructivo para garantizar soluciones proporcionadas y respetuosas con el ordenamiento jurídico.
Madrid, 21 de febrero de 2026
Comisión Técnica de Comunicación.
