La Comisión Islámica de España participó activamente el miércoles 15 de octubre en el seminario técnico organizado por Pacto de Convivencia en la Universidad Autónoma de Madrid, centrado en la prevención y abordaje de los delitos de odio desde la perspectiva de la “motivación discriminatoria”. Dicha importante y oportuna formación vino de la mano de Doña María Jesús Raimundo Rodríguez y Dña. Elena Pertusa Rodriguez, fiscales adjuntas al fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de odio y discriminación.
Como miembro de la plataforma, la CIE quiso aportar su mirada específica sobre la convivencia plural y el papel esencial que desempeña dentro del pacto.
Desde la comisión saludamos la convocatoria como una oportunidad para reforzar las herramientas prácticas de detección, investigación y protección frente a conductas cargadas de odio, y para insistir en la imperiosa necesidad de que el compromiso social se traduzca en acción concreta y coordinada.
Como entidad representante del Islam en España, la CIE participa en Pacto de Convivencia con un doble ánimo: aportar la perspectiva de los musulmanes y colaborar en la construcción de espacios reales de convivencia, respeto mutuo y prevención del odio.
Pacto de Convivencia es una plataforma que reúne entidades de la sociedad civil, universidades, ONG y grupos religiosos con el fin de consolidar una red para fortalecer la convivencia y cohesión social, y defender una sociedad plural, inclusiva y comprometida con los Derechos Humanos.
Dentro de esa estructura, la Comisión Islámica interviene en las mesas de trabajo, colabora en protocolos conjuntos, participa en acciones de sensibilización y contribuye al diseño de mecanismos de prevención específicamente orientados a colectivos vulnerables.
La presencia de la CIE en este tipo de seminarios no es solo testimonial: es expresión de que la convivencia democrática no se construye desde la indiferencia, sino desde la colaboración activa entre creencias, convicciones y ciudadanía diversa.
Desde el inicio del seminario, los representantes de la plataforma —entre ellos miembros de la Comisión Islámica— recordaron que la prevención, la cultura cívica y la cooperación interinstitucional son pilares imprescindibles para frenar las conductas discriminatorias y proteger los derechos de todas las personas.
Durante las intervenciones de las fiscales especializadas, se incidió en que no basta con tipificar el hecho delictivo: es imprescindible acreditar la motivación discriminatoria que puede haberse ocultado tras un delito aparentemente genérico. Los indicadores objetivos —hechos, circunstancias, patrones— son instrumentos esenciales para orientar la investigación y evitar que el sesgo quede invisible. En ese sentido, se subrayó que la percepción de la víctima y de testigos constituye un punto de partida legítimo para el análisis del sesgo.
Se repasaron sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obligan a las autoridades a indagar de manera efectiva si existe racismo u homofobia, incluso cuando el sesgo no se presenta de forma explícita, sino que emerge de contexto, lenguaje o publicaciones en redes sociales. Ignorar esos indicios, señalaron las expertas, vulnera la eficacia de la investigación.
Ante manifestaciones de odio en el entorno digital, se propuso aplicar el “test de lesividad” del Plan de Acción de Rabat y realizar análisis integrales del emisor (contexto, audiencia, reiteración, fuerza del lenguaje) para poder preservar contenidos como prueba con garantías.
En el ámbito procesal se insistió en la necesidad de consignar diligencias específicas sobre sesgo en atestados policiales, activar la comunicación temprana con la fiscalía especializada (también a instancia de organizaciones que acompañan a víctimas) y adoptar medidas cautelares como la retirada de contenidos en línea, órdenes de alejamiento y mecanismos que eviten la revictimización. Las expositoras recordaron que el daño moral inherente a estos delitos requiere especial sensibilidad.
La mesa de debate también señaló que no todas las expresiones ofensivas alcanzan el umbral penal —y que, en esos casos, pueden activarse vías administrativas, universitarias o educativas—. Estas respuestas deben complementarse con políticas de prevención y educación, tal como recomiendan las instancias europeas.
Finalmente, tuvo un especial protagonismo la justicia restaurativa como vía efectiva en algunos casos. Y se compartieron buenas prácticas adaptables al entorno universitario, como la participación activa del implicado, procesos de reparación y mecanismos que eviten la impunidad, siempre con el horizonte de fortalecer la convivencia en espacios educativos.
Para la Comisión Islámica de España, este seminario no es un acto aislado, sino una pieza más en el propósito de consolidar un marco de convivencia que no tolere el odio ni deje desprotegidos a los más vulnerables. Con su implicación en Pacto de Convivencia, la CIE reafirma su vocación de responsabilidad social pública y su disposición a seguir trabajando, junto a otras entidades, en el diseño de una sociedad plural, justa y respeto